La Montaña | ACTITUDES QUE RAYAN EN EL DELITO | Oscar Loza Ochoa

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Quien pretende hacer menos a los demás
termina por denigrarse a sí mismo.

Diego Lucero Estrada

Michael Lowry fue detenido y difamado en Mazatlán. Su caso nos recuerda amargamente al de Pyrot, el desdichado protagonista de la Isla de Los pingüinos de Anatole France. Las tribulaciones por las que ha pasado este ciudadano canadiense bien merecen la atención de los sinaloenses, por las múltiples violaciones a sus derechos humanos y por las sinrazones en el actuar del presidente municipal del puerto, Guillermo Benítez Torres.

Vencido su pasaporte, Michael Lowry (que nada tiene que ver con su tocayo irlandés, exministro del transporte, energía y comunicaciones), fue detenido y llevado ante la Barandilla de la Policía Municipal en calidad de indocumentado, por una falta administrativa, pues. Pero la fértil imaginación del “Químico” Benítez, lo convirtió en un pedófilo, en un pervertido sexual y corruptor de menores. En sus redes, el alcalde porteño publicó: “Me informa la Secretaría de Seguridad Pública, que acaba de ser detenido esta persona y será puesta a disposición del Consulado Canadiense para enfrentar la justicia, Cuenta con orden de aprehensión por pornografía infantil”.

Y claro, después de esa afirmación pública, los medios reproducen la noticia sin dilación, como Viva la Noticia y Noroeste. El presidente municipal mazatleco afirmó que había una orden de aprehensión en su país de origen. Pero resulta que no hay ni denuncia, menos la dichosa orden de aprehensión contra el también tocayo del exgobernador del estado de Washington. Después de tamaña infamia y de saber que no existía acusación alguna ni en México ni en Canadá, Guillermo Benítez se apresuró a retirar la información que desembocó en el escándalo del que hablamos.

Reculó a destiempo y sus afirmaciones están en manos de muchos ciudadanos, incluida la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Ahora decimos, como era una falta administrativa, no podía continuar tras las rejas municipales, pero lo pusieron a disposición de las autoridades migratorias. También en esa medida hay incongruencia. ¿Qué exigimos a las autoridades norteamericanas? Que haya respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales indocumentados en su país. Que, ante una falta administrativa, reciban la sanción que corresponda, pero que no sean puestos a disposición de las autoridades de inmigración, pues serían deportados. Una falta administrativa no es delito.

Pyrot (que no es otro que el famoso caso de Alfred Dreyfus) fue condenado no porque fuera culpable de la desaparición de 80 mil pacas de heno para los caballos del ejército francés, sino porque era judío. Como no había testigos de cargo, se presentaron otras “pruebas”: toneladas de papel periódico donde se hablaba del tema y la montaña que ya formaba el expediente de su caso. ¿Acaso no era suficiente para condenarlo? Sobre Michel Lowry, quizá no se haya alcanzado ese peso específico en las “pruebas” acusatorias, pero lo injusto e infame tienen la misma dimensión.

¿Pensaría el Químico Benítez en las consecuencias de difamar a una persona con ese tipo de san Benito? Lo decimos porque esa clase de acusaciones (por lo demás sin sustento) han llevado a la agresión fatal de los acusados. No sería el primer linchado por alguna turba ciudadana. Qué bueno que en Mazatlán hay mayor madurez entre los ciudadanos que en la autoridad y por ello las cosas no tomaron otro rumbo.

También hay que dejar en claro que el presidente municipal no es la autoridad que debe calificar las presuntas responsabilidades delictivas de ciudadanos, nacionales o extranjeros. Nos cuesta mucho dinero la Fiscalía General de Justicia, para que el primer desmañanado u ocurrente funcionario municipal supla en sus funciones a la instancia encargada de procurar justicia. Por lo demás, la conducta del Químico Benítez debe tener una sanción. No puede quedar en la impunidad, porque con esas acciones no sólo se desprestigia el Ayuntamiento del Puerto, se atenta contra los derechos humanos de un ciudadano y un principio que enarbolamos en política internacional: el respeto a nuestros paisanos indocumentados en el extranjero.

La información de última hora nos dice que Michael Lowry será deportado la próxima semana. Cuatro instancias hemos estado al pendiente de su suerte: la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, la Comisión de Atención a Víctimas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Es muy probable que la tozudez del presidente mazatleco salga adelante en lo inmediato, pero el ciudadano canadiense, aún deportándolo, podrá resolver el asunto de sus papeles migratorios en breve tiempo. Y nadie podrá arrebatarle el derecho a demandar penalmente al alcalde del puerto y lograr que le reivindiquen su buen nombre. Vale.

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