“Hoy hacemos historia al aprobar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”: diputada Elizabeth Chía Galaviz

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Culiacán, Sinaloa, 24 de mayo del 2022.- “Desde hace muchos años el Partido Sinaloense ha condenado las agresiones, las amenazas, las intimidaciones a las y los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sabemos que la función que desempeñan es de alto riesgo y pone en peligro su vida, por lo que hemos pugnado para que su labor sea respetada y valorada” afirmó la diputada local Elizabeth Chía Galaviz.

Explicó que “el dictamen que nos presenta a este Pleno la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación y la Comisión de Derechos Humanos, contiene, entre otras, una iniciativa presentada por el Partido Sinaloense, a través de la diputada Angélica Díaz Quiñónez y el Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño, para incorporar el delito contra la libre expresión y la actividad periodística en la legislación penal de la entidad.

Esta iniciativa del Partido Sinaloense castiga con una pena de hasta 4 años de prisión, a quienes ataquen el ejercicio de la profesión periodística y cuando la conducta prevista sea cometida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, la pena se aumentará hasta el doble de lo anteriormente señalado.

“Los esfuerzos que esta 64 legislatura ha realizado para concretar una normatividad hoy rinden su fruto, pero estas labores legislativas extraordinarias que hemos hecho no deben de verse opacadas por la falta de respeto de las mismas autoridades; en el Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense reconocemos la labor del periodista y de las personas defensoras de los derechos humanos, por lo que hacemos un llamado a toda la sociedad para que seamos respetuosos, tolerantes y aceptar las opiniones vertidas sobre nuestras actuaciones como ciudadanos y como funcionarios públicos”, expresó la diputada Elizabeth Chía Galaviz.

Finalizó: “Con esto demostramos que el Partido Sinaloense está completamente comprometido a que las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas, deben contar con un mecanismo estatal que les brinde la más amplia protección por sus actividades”.

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