Frenan en Sinaloa planta de amoniaco por falta de consulta a pueblos indígenas

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La Corte Suprema de Justicia (SCJN) revocó la autorización ambiental otorgada a una planta de fertilizantes de US billion 5 mil millones en Sinaloa porque el Ministerio Federal de Medio Ambiente no consultó a la comunidad indígena local sobre el proyecto.

Un referéndum del gobierno federal celebrado en noviembre pasado encontró casi un 76% de apoyo para la construcción de una planta de amoníaco y urea en Topolobampo, una ciudad portuaria a 20 kilómetros al suroeste de Los Mochis. Sin embargo, el trabajo en el proyecto, que comenzó en 2018, se ha estancado en el proyecto desde marzo de 2019, cuando un juez federal detuvo el proyecto debido a preocupaciones ambientales.

A pesar de los resultados del referéndum federal de 2021, la SCJN dictaminó el miércoles que el proyecto, el más grande de Sinaloa en términos de inversión, no puede continuar hasta que se haya consultado a la comunidad indígena local.

Con el fallo, el tribunal confirmó una orden judicial separada de la corte federal de 2021 que ordenó que se llevara a cabo un proceso de consulta con los residentes indígenas antes de que se pueda reconsiderar la autorización ambiental, otorgada por primera vez en 2014. Esa orden, emitida por un juez federal con sede en Los Mochis, se produjo en respuesta a una solicitud presentada por residentes de una comunidad pesquera en Ahome, el municipio donde se ubicará la planta de fertilizantes.

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo de construcción suizo – alemán Proman AG, está detrás del proyecto.

Los activistas ambientales dicen que la vida marina, como las tortugas y los delfines nariz de botella, se vería afectada negativamente, mientras que el jefe de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas del gobierno federal dijo en 2019 que tener una planta de amoníaco tan cerca de las lagunas protegidas por la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional “no es posible.”

GPO ha rechazado las afirmaciones de que la operación de la planta dañaría el medio ambiente y dice que el proyecto generará 2,500 empleos en su etapa inicial y beneficiará a los agricultores en 10 estados.

Actualmente no se produce amoníaco ni urea en México.

La SCJN dictaminó que un proceso de consulta “libre e informado” no debe demorar más de cuatro meses. El Ministerio de Medio Ambiente debe colaborar con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para llevar a cabo la consulta de conformidad con los protocolos de la Organización Internacional del Trabajo.

“No es viable excluir a la comunidad indígena ni negarle su derecho a expresar opiniones y puntos de vista respect con respecto a una decisión

Los pescadores que presentaron una solicitud de interdicto ante el tribunal federal de Los Mochis viven en Lázaro Cárdenas, una comunidad en el lado opuesto de la bahía de Ohuira donde GPO quiere construir la planta de fertilizantes. Dicen que existe el riesgo de que el gas natural y el amoníaco se escapen de la planta.

La Corte Suprema ha detenido y cancelado otros proyectos debido a que las autoridades no consultaron a las comunidades indígenas. Revocó dos concesiones mineras en Puebla en febrero porque el gobierno federal no consultó a la comunidad indígena local antes de otorgarlas.

FUENTE: DAILY MEXICO

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