El 12 de febrero de 1959, el presidente Adolfo López Mateos creó, por decreto, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para encargarse de “fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la educación primaria” (Diario Oficial, 1959). Esta iniciativa tenía como fundamento el mandato constitucional de proporcionar a los mexicanos una educación obligatoria y gratuita. La gratuidad sólo sería plena cuando los alumnos de las escuelas primarias recibieran, sin costo, los libros indispensables para sus estudios y tareas (Diario Oficial, 1959).
Entregar una obra escolar gratuita a los alumnos de primaria no constituía ninguna novedad en México. Desde el porfiriato y en los gobiernos de Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho se realizaron esfuerzos para proveer de materiales de lectura y cartillas de alfabetización a las escuelas del país. La originalidad, y punto de discordia de la iniciativa, se localiza en la tríada gratuito-único-obligatorio que caracteriza hasta hoy al LTG y en las funciones y facultades que el Estado adquiría.
Por primera vez en la historia de México no habría distingos entre niños de escuelas primarias públicas y privadas, rurales y urbanas; cuando menos no en el material educativo que el Estado se propondría entregar. Por el carácter gratuito, único y obligatorio del libro de texto, todos los alumnos, por grados y asignaturas, recibirían los mismos impresos. Sus profesores, además, debían utilizarlos en clases y no solicitar textos comerciales excluidos del catálogo oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), so pena de incurrir en desacato.
De este modo, el Estado mexicano, señalaban sus críticos, no sólo unificaba contenidos, sino que se atribuía funciones de autor, editor, impresor y distribuidor e ingresaba a un mercado como un contrincante formidable, capaz de producir tirajes impresionantes, difíciles de igualar por otras editoriales, y de llevar los libros a los rincones de un territorio vasto y, en muchos casos, de difícil acceso. Una proeza que hasta ese momento, y quizá hoy, ninguna empresa había logrado.
Las reacciones no esperaron: las primeras voces se concentraron en denunciar, a través de la prensa, que prescribir el LTG como obligatorio y único era una disposición autoritaria, inconstitucional y contraria a los fines educativos y culturales del Estado mexicano y significaba, además, establecer un monopolio editorial. Estas críticas, en un ambiente anticomunista avivado por el triunfo de la Revolución Cubana, se reorientaron para denunciar que, a través del LTG, el Estado extendía considerablemente su intervención en los asuntos educativos y sociales del país.
Una reacción particularmente fuerte fue la de un sector editorial cuyas ganancias provenían del mercado de libros escolares. En febrero de 1960, el profesor Valentín Zamora, autor mexicano de este tipo de obras, publicó una carta abierta al presidente López Mateos en la que advertía que autorizar libros comerciales sólo para 5° y 6° grados lesionaba “intereses de los autores e industriales de las artes gráficas”, discriminaba a prestigiados maestros mexicanos como Daniel Delgadillo, María Enriqueta Camarillo, Luis Chávez Orozco, Rosaura Lechuga y afectaba a empresas papeleras y cartoneras mexicanas (Zamora, 1960). Razones no le faltaban al profesor Valentín, pues muchos autores mexicanos contaban con trayectorias de casi veinte años en la escritura de libros escolares y permanencias de más de una década en las listas de textos aprobados por la SEP para escuelas primarias. Sin duda, perjudicaron sus intereses educativos y económicos.
FUENTE: Elizer Ixba Alejos. La creación del libro de texto gratuito en México (1959) y su impacto en la industria editorial de su tiempo: Autores y editoriales de ascendencia española. Escrito completo en: RMIE vol.18 no.59 México oct./dic. 2013.
