Libre el periodista sinaloense Rafael Méndez Valenzuela ante gestión directa de AMLO en la Suprema Corte

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La periodista sinaloense Judith Valenzuela, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por su apoyo para lograr que su hijo Rafael recobrara su libertad,
  • El poder judicial decretó la libertad inmediata por estar cumplida la pena impuesta.
  • Rafael Méndez Valenzuela fue detenido en 2008, en plena “guerra contra el narcotráfico” declarada por el presidente Felipe Calderón.

Pese a que su sentencia fue cumplida desde hace más de dos años, Méndez Valenzuela –también víctima de tortura– seguía en prisión.

El caso de Rafael Méndez Valenzuela, hijo de Judith Valenzuela, periodista de Río Doce, se remonta al 22 de enero de 2008, fecha en que fue detenido por policías estatales junto con sus acompañantes, mientras transitaban por el municipio de Valle de Bravo, Estado de México. Los uniformados argumentaron que viajaban en un vehículo con reporte de robo. De acuerdo con el testimonio, Méndez fue torturado por agentes estatales en el bosque de Valle de Bravo; después por efectivos del Ejército y miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), en instalaciones militares, y finalmente en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, por agentes federales, hasta que firmó documentos en los que aceptaba ser miembro de La Familia Michoacana.

Tras señalar que sufrió dislocamiento del hombre izquierdo, luego de haber sido empujado para que bajara del helicóptero en el que fue trasladado a la Ciudad de México, Méndez Valenzuela denunció ante el Grupo de Trabajo de la ONU que ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptaron tramitar una queja por los hechos.

Luego de un tortuoso proceso judicial en el que no se tomó en cuenta su denuncia por tortura, ni ante el agente del Ministerio Público, ni ante el juez de la causa, y después de cuatro años de prisión preventiva, Méndez fue sentenciado a 17 años de prisión. En el litigio, sus abogados lograron que la sentencia se redujera a 10 años, dos meses y 19 días, plazo que se cumplió el 2 de marzo de 2018, pero la víctima no fue liberada y seguía su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social 8, en Guasave, Sinaloa.

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