Con cerrada votación, Corte declara constitucional la consulta sobre juicio a expresidentes

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Con una cerrada votación de 6 a 5, los ministros de la Suprema Corte declararon constitucional la consulta popular sobre enjuiciar a expresidentes.

El ministro Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció contra el proyecto pues consideró que la materia de la consulta es constitucionalmente válida, pero pidió que se reformule la pregunta.

La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que el proyecto califica solo la pregunta propuesta por el presidente, pero esa no es la única lectura y se debe calificar primero la materia, que es la realización de la consulta. También pidió modificar la pregunta.

La ministra Yazmin Esquivel se pronunció a favor de la constitucionalidad de la consulta. Dijo que lo que se va a consultar es la función social de los expresidentes y eso no está prohibido en el Art. 35 de la Constitución.

El ministro Alberto Pérez Dayán consideró que la consulta es viable y coincidio con Esquivel en que la materia de ella es la responsabilidad de los servidores públicos. Pero aclaró que la pregunta como está es tendenciosa y tiene juicios de valor.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señala que coincide con la inconstitucionalidad de la consulta y que debe replantearse la pregunta para que no exceda los derechos constitucionales y humanos.

El ministro José Mario Pardo señala que está a favor de la consulta desde un punto de vista distinto al proyecto, pero si no habrá cambios al fondo está a favor de la inconstitucionalidad. No se pueden consultar las atribuciones de autoridades de procuración de justicia.

El ministro Javier Laynez Potisek señala que la participación de la sociedad es importante pero que la justicia no se consulta. Agrega que si no hay efectos vinculatorios se puede consultar sobre cualquier cosa.

El ministro José Fernando Franco González-Salas se pronunció a favor del proyecto que señala que la consulta es inconstitucional.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández señala que la consulta es inconstitucional porque se pretende consultar si las víctimas de delito tienen derecho a que se respeten las garantías y tengan acceso a la justicia.

“Las leyes no establecen obstáculo alguno para llevar a la justicia penal a expresidentes que hayan cometido algún delito”.

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